Integrando Crisis Climática, Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales en la COP29

En el marco de la COP29, los delegados de América Latina lanzaron un llamado urgente y profundo para que la crisis climática sea vista a través de una lente más amplia, una que no solo considere las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también integre de manera crítica los derechos humanos, los conflictos armados, las tensiones socioambientales y la degradación de los ecosistemas. Este enfoque no solo es necesario, sino que es esencial para comprender la complejidad de los desafíos que enfrenta la región.

América Latina es un territorio marcado por un legado de conflictos socioambientales que a menudo se ven intensificados por la crisis climática. En muchas comunidades, la lucha por la tierra, el agua y los recursos naturales se ha entrelazado con las tensiones históricas y los conflictos armados, creando una espiral de violencia que socava cualquier esfuerzo por construir resiliencia climática. Esta realidad exige una respuesta que vaya más allá de las soluciones tradicionales, ya que la crisis climática no se puede abordar sin reconocer la interdependencia entre los factores sociales, políticos y ambientales.

Los ecosistemas latinoamericanos, que albergan una biodiversidad invaluable, se encuentran en la primera línea de batalla contra el cambio climático. Bosques tropicales, humedales, y montañas, que son cruciales para la regulación del clima global, están siendo degradados a un ritmo alarmante. Esta degradación no solo tiene un impacto ecológico, sino que afecta directamente a las comunidades que dependen de estos recursos para su supervivencia. La intersección entre la justicia climática y la justicia social es más evidente en estos territorios, donde los pueblos indígenas y las comunidades rurales enfrentan un doble desafío: por un lado, la explotación de sus recursos naturales y, por otro, el impacto de los fenómenos climáticos extremos.

En este contexto, los delegados latinoamericanos señalaron la necesidad urgente de incorporar los derechos humanos en las políticas climáticas, para garantizar que las soluciones no solo sean ecológicas, sino también justas. La protección de los derechos de las comunidades vulnerables, en especial las indígenas, afrodescendientes y campesinas, es una condición indispensable para cualquier estrategia de adaptación y mitigación. Es en este cruce de caminos donde se debe forjar una nueva narrativa de acción climática: una que reconozca que la crisis ambiental y la social son inseparables, y que las soluciones deben ser inclusivas, integradoras y respetuosas de los derechos de los pueblos.

Los delegados de América Latina, al poner estos temas sobre la mesa en la COP29, hicieron un llamado claro y necesario para reimaginar cómo el mundo debe enfrentar la crisis climática. No se trata solo de medir emisiones y crear mecanismos financieros, sino de comprender que la justicia climática no puede lograrse sin resolver las injusticias sociales y ambientales que han marcado a la región por siglos. La región, con su rica biodiversidad y su población diversa, tiene mucho que aportar a la discusión global, pero solo si sus voces son escuchadas y sus realidades, reconocidas.

La COP29, al integrar estas perspectivas, puede ser un punto de inflexión en la construcción de un futuro climático más equitativo, pero solo si se toma en serio la necesidad de abordar la crisis desde una óptica más compleja e inclusiva, en la que la intersección de los derechos humanos, la paz, la sostenibilidad ambiental y la justicia social sea el eje central.

Fotografía: Jaclyn Licht | Global Centre for Climate Mobility

Para más información sobre el trabajo del GCCM, visita este enlace.